viernes, mayo 11, 2012
Por: Jhonatan Liriano
La “compra” de cédulas para fines electorales no es un delito nuevo en el país, pero sí compartido por las más importantes organizaciones políticas. Las observaciones de Participación Ciudadana (PC) registran que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) suelen conformar grupos para influir en los resultados de elecciones congresuales, municipales y presidenciales a través de la adquisición de los documentos de identidad que la Junta Central Electoral (JCE) entrega a los ciudadanos y ciudadanas.
La práctica, castigada por la Ley Electoral (275-97) con tres meses de cárcel y hasta RD$5,000 de multa, comienza a ejecutarse una semana antes o el mismo día del sufragio.
José Ceballos, especialista de PC, conoce bien el procedimiento. Y lo explica. Primero, dice, los dirigentes de los partidos hacen un cálculo para determinar en cuáles comunidades existen más posibilidades de perder la contienda. Para esto ven los archivos históricos recientes y realizan sondeos casa por casa, negocio por negocio, calle por calle. Este operativo local permite que los activistas identifiquen en detalle a los seguros votantes del partido opositor, quienes se convierten entonces en los sujetos a los que se les debe “alquilar”, no comprar, la cédula.
Cada documento se retiene hasta después de la fecha de votación, con la finalidad de reducir la fuerza del partido contrario en una demarcación específica.
“En los lugares más pobres, el mismo día de las elecciones, se puede pagar de RD$500 a RD$600. En zonas de clase media el costo ha sido de RD$2,000 o más”, estima el especialista de Participación Ciudadana.
A veces, los interesados en vender su voto ni siquiera esperan que los dirigentes políticos les lancen las ofertas. Se enteran de los precios por medio de rumores y se dirigen de inmediato a los lugares (ocultos) donde los grandes partidos de República Dominicana cambian derechos por un par de billetes.
“Obviamente en un país donde se tienen los peores indicadores de Latinoamérica en expectativa económica personal, según el Latinobarómetro 2011, la compra de cédula resultaría una actividad floreciente en este período de campaña electoral”, afirma, poniendo el tema en perspectiva actual, Amaury Pérez Vargas, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El profesor advierte que, con las prácticas clientelistas de la política nacional, las relaciones entre los partidos y la sociedad se han visto considerablemente sometidas a los imperativos del cálculo y del control que los grupos de poder aplican por medio del dinero, lo que ha conducido a una despersonalización de la política moderna. En otras palabras, Pérez Vargas sostiene que el comercio de cédulas demuestra cómo el acceso al Estado dominicano no es un asunto de votos, derechos o representación de la voluntad ciudadana, sino el resultado del movimiento de las grandes maquinarias partidistas y sus intereses. “Para ganar unas elecciones hace falta gastar tanto millones de pesos”, dice el sociólogo de la UASD, parafraseando a un legislador de la República, y lanzando una abierta crítica al sistema electoral de esta media isla.
Historia
En Participación Ciudadana entienden que la “compra y venta” de cédulas con fines electorales es una práctica que comenzó a enraizarse en el sistema político dominicano desde las elecciones congresuales y municipales de 1998. El PRD, el PLD y el PRSC la han utilizado, según PC, con la cantidad de recursos empleados como única diferencia. De manera especial, reporta la organización no partidista, los documentos de identidad se retienen para favorecer candidaturas de senadores, diputados y síndicos, aunque la acción no falta en las elecciones presidenciales de cada cuatro años.
Una vez concluida la contienda del momento, los dirigentes devuelven las cédulas a sus dueños o las lanzan a basureros o lugares abandonados, tal y como elCaribe y el resto de la prensa nacional han verificado en numerosas ocasiones. Participación Ciudadana, segura de que éste es un acto delictivo, que vulnera el sistema democrático y los derechos civiles y políticos del electorado, solicita que el Ministerio Público persiga y sancione a los “compradores” de cédulas y a todos aquellos que violen la Ley Electoral. Además, desde la campaña “Atento con tu voto” (atentocontuvoto.org) pide a la población que colabore con fotos, videos y demás informaciones que sirvan para describir y desmontar todas las prácticas contrarias al sistema jurídico nacional e internacional.
El experto
Amaury Pérez Vargas
Profesor Escuela Sociología de la UASD
El sociólogo Amaury Pérez Vargas, profesor de la UASD, explica que el dinero no es solamente un instrumento para el intercambio comercial, pues también constituye un símbolo para la comunidad. Juega un rol esencial en la reproducción y perpetuación de los grupos sociales y políticos. Las elecciones son un ejemplo.
Si nos adentramos sociológicamente en las implicaciones que tiene el dinero en la gente, le encontraremos fuertes conexiones con cuestiones de autoridad y confianza pero también con sentimientos existenciales de nuestra cotidianidad tales como la esperanza, el miedo, los deseos y la ansiedad.
Constitución de República Dominicana
En su artículo 208, la Constitución de la República indica que el ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas para elegir a las autoridades de gobierno y para participar de referendos.
El voto es personal, libre, directo y secreto. “Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Ley Electoral prohíbe “la venta y comercialización de cédulas”
La “compra” de cédulas para fines electorales no es un delito nuevo en el país, pero sí compartido por las más importantes organizaciones políticas. Las observaciones de Participación Ciudadana (PC) registran que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) suelen conformar grupos para influir en los resultados de elecciones congresuales, municipales y presidenciales a través de la adquisición de los documentos de identidad que la Junta Central Electoral (JCE) entrega a los ciudadanos y ciudadanas.
La práctica, castigada por la Ley Electoral (275-97) con tres meses de cárcel y hasta RD$5,000 de multa, comienza a ejecutarse una semana antes o el mismo día del sufragio.
José Ceballos, especialista de PC, conoce bien el procedimiento. Y lo explica. Primero, dice, los dirigentes de los partidos hacen un cálculo para determinar en cuáles comunidades existen más posibilidades de perder la contienda. Para esto ven los archivos históricos recientes y realizan sondeos casa por casa, negocio por negocio, calle por calle. Este operativo local permite que los activistas identifiquen en detalle a los seguros votantes del partido opositor, quienes se convierten entonces en los sujetos a los que se les debe “alquilar”, no comprar, la cédula.
Cada documento se retiene hasta después de la fecha de votación, con la finalidad de reducir la fuerza del partido contrario en una demarcación específica.
“En los lugares más pobres, el mismo día de las elecciones, se puede pagar de RD$500 a RD$600. En zonas de clase media el costo ha sido de RD$2,000 o más”, estima el especialista de Participación Ciudadana.
A veces, los interesados en vender su voto ni siquiera esperan que los dirigentes políticos les lancen las ofertas. Se enteran de los precios por medio de rumores y se dirigen de inmediato a los lugares (ocultos) donde los grandes partidos de República Dominicana cambian derechos por un par de billetes.
“Obviamente en un país donde se tienen los peores indicadores de Latinoamérica en expectativa económica personal, según el Latinobarómetro 2011, la compra de cédula resultaría una actividad floreciente en este período de campaña electoral”, afirma, poniendo el tema en perspectiva actual, Amaury Pérez Vargas, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El profesor advierte que, con las prácticas clientelistas de la política nacional, las relaciones entre los partidos y la sociedad se han visto considerablemente sometidas a los imperativos del cálculo y del control que los grupos de poder aplican por medio del dinero, lo que ha conducido a una despersonalización de la política moderna. En otras palabras, Pérez Vargas sostiene que el comercio de cédulas demuestra cómo el acceso al Estado dominicano no es un asunto de votos, derechos o representación de la voluntad ciudadana, sino el resultado del movimiento de las grandes maquinarias partidistas y sus intereses. “Para ganar unas elecciones hace falta gastar tanto millones de pesos”, dice el sociólogo de la UASD, parafraseando a un legislador de la República, y lanzando una abierta crítica al sistema electoral de esta media isla.
Historia
En Participación Ciudadana entienden que la “compra y venta” de cédulas con fines electorales es una práctica que comenzó a enraizarse en el sistema político dominicano desde las elecciones congresuales y municipales de 1998. El PRD, el PLD y el PRSC la han utilizado, según PC, con la cantidad de recursos empleados como única diferencia. De manera especial, reporta la organización no partidista, los documentos de identidad se retienen para favorecer candidaturas de senadores, diputados y síndicos, aunque la acción no falta en las elecciones presidenciales de cada cuatro años.
Una vez concluida la contienda del momento, los dirigentes devuelven las cédulas a sus dueños o las lanzan a basureros o lugares abandonados, tal y como elCaribe y el resto de la prensa nacional han verificado en numerosas ocasiones. Participación Ciudadana, segura de que éste es un acto delictivo, que vulnera el sistema democrático y los derechos civiles y políticos del electorado, solicita que el Ministerio Público persiga y sancione a los “compradores” de cédulas y a todos aquellos que violen la Ley Electoral. Además, desde la campaña “Atento con tu voto” (atentocontuvoto.org) pide a la población que colabore con fotos, videos y demás informaciones que sirvan para describir y desmontar todas las prácticas contrarias al sistema jurídico nacional e internacional.
El experto
Amaury Pérez Vargas
Profesor Escuela Sociología de la UASD
El sociólogo Amaury Pérez Vargas, profesor de la UASD, explica que el dinero no es solamente un instrumento para el intercambio comercial, pues también constituye un símbolo para la comunidad. Juega un rol esencial en la reproducción y perpetuación de los grupos sociales y políticos. Las elecciones son un ejemplo.
Si nos adentramos sociológicamente en las implicaciones que tiene el dinero en la gente, le encontraremos fuertes conexiones con cuestiones de autoridad y confianza pero también con sentimientos existenciales de nuestra cotidianidad tales como la esperanza, el miedo, los deseos y la ansiedad.
Constitución de República Dominicana
En su artículo 208, la Constitución de la República indica que el ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas para elegir a las autoridades de gobierno y para participar de referendos.
El voto es personal, libre, directo y secreto. “Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Ley Electoral prohíbe “la venta y comercialización de cédulas”
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