Latinoamérica está perdiendo la lucha contra las drogas por la falta de políticas adecuadas que promuevan la educación, la salud, la seguridad y que garanticen los derechos humanos, opinaron expertos en el tema.

En la región existe un consenso entre los analistas de que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado como estrategia porque ha buscado un objetivo inalcanzable que es un mundo libre de esas sustancias. “Se partió de una meta equivocada que era un mundo libre de drogas.

Eso en países de Centroamérica o Latinoamérica se mezcla con una coyuntura muy difícil que es la mano dura, y eso ha mostrado ser muy costoso e ineficaz”, explicó a EFE el analista sobre políticas de drogas del estadounidense Wilson Center, el colombiano Juan Carlos Garzón.

El investigador participó junto con unos 200 expertos en la materia en la “V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas” que se desarrolló en Costa Rica durante esta semana, y que tuvo como objetivo evaluar la distribución y consumo de drogas.


Para Garzón las políticas de acción que se han aplicado han sido “desbalanceadas” en donde los Gobiernos han tenido más énfasis en aplicar sanciones fuertes en vez de destinar más recursos a la prevención del consumo.

“Hemos concentrado en seguridad y justicia buena parte de los recursos y el tiempo, para al final, atacar a los eslabones más débiles, que son personas que consumen o que llevan pequeñas cantidades mientras que los peces gordos, que requieren investigaciones complejas han pasado inadvertidos”, aseveró Garzón.

Por su parte, para la representante de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos de Derechos Humanos (WOLA), la estadounidense Coletta Younger, las estrategias deben ser “repensadas” para tratar el tema de consumo desde una perspectiva de salud pública.

Uno de los principales problemas de la distribución de drogas es que se utilizan a aquellas personas que son las más vulnerables, con necesidades económicas y que los traficantes aprovechan para su beneficio. Según los expertos, los países deberían buscar mejores soluciones empezando por un efectivo sistema judicial, la promoción de políticas de desarrollo económico, un mejoramiento de la educación y mayor seguridad.

Datos de la WOLA indican que en México algunos estados cuentan con hasta un 60 % de presos por consumo de cannabis, lo que ha llegado a abarrotar las cárceles, creando una crisis humanitaria, ya que no se cuentan con otras medidas alternativas para sancionar. “Quienes son los encargados del tema de seguridad deberían enfocarse en reducir el tema de homicidios, la cantidad de violencia, y esos son los resultados que deberían tomarse.

Cuando uno piensa en resultados distintos las estrategias deben ser también deben ser distintas”, indicó a EFE el organizador del evento, el argentino Pablo Cymerman.

Para los analistas, el tema de las drogas además ingresa en una zona de debate que aborda un mercado ilegal y legal. “Quienes nos plantean la dicotomía de la ilegalización o nada, nos están trayendo a una trampa. Un mercado legal tiene la posibilidad de control de sustancias, le da a las personas herramientas para saber qué consume, así como sucede actualmente con los medicamentos”, manifestó Cymerman.

El argentino agregó que esas divisiones no permiten que los Gobiernos, la sociedad e investigadores tengan un “diálogo franco y abierto” sobre las distintas posibilidades que existen para hacerle frente la combate de las drogas. Los expertos insistieron que el objetivo siempre debe velar por evitar el aislamiento social, el encarcelamiento desproporcionado de los consumidores de drogas, la violencia, el daño ambiental y la violación de los derechos humanos.