De los 33 mineros chilenos que en 2010 estuvieron 70 días atrapados en la mina de San José, 31 han decidido demandar al Estado chileno por una cantidad de 7.750 millones de pesos -equivalente a unos 11,8 millones de euros- alegando falta de inspección. La demanda se fundamenta en que el Servicio Nacional de Geología y Minería presuntamente no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento de la mina en la que ocurrió el derrumbe que atrapó a los trabajadores el 5 de agosto del pasado año. El episodio de la mina de San José reflejó el enorme esfuerzo y despliegue de medios del Gobierno de Sebastián Piñera, quien alcanzó tras el rescate altas cotas de popularidad. No obstante, muchos mineros presentan aún secuelas psicológicas, y de todos ellos sólo uno ha vuelto al sector.