Cuba añade 18 nuevas categorías de trabajo privado
viernes, septiembre 27, 2013
Los cubanos pueden trabajar ahora como agentes de bienes raíces,
fabricantes de jabón y otros 16 tipos de trabajos “cuentapropistas”.
Pero no pueden vender ropa hecha en fábricas ni sacar partido a la
reventa de artículos comprados en tiendas estatales.
Esos dos
anuncios paralelos hechos el jueves parecieron reflejar los vacilantes
esfuerzos del gobierno de Raúl Castro para abrir la economía de estilo
soviético de Cuba lo suficiente para rescatarla de una crisis, pero no
lo suficiente para perder el control de la misma.
Un reportaje aparecido en el periódico oficial Granma dijo
que el gobierno había aprobado 18 categorías nuevas de trabajos
“cuentapropistas”, llevando a 201 los tipos de actividades económicas
privadas que son permitidas por el gobierno.
Los nuevos trabajos incluyen agentes de bienes raíces,
constructores, vendedores al por mayor de productos agrícolas,
reparadores de equipos de communicacion como teléfonos celulares,
fundidores, reparadores de instrumentos de medición, encargados de
reservaciones para bed & breakfast y fabricantes de betún para zapatos, tintes y artículos de mármol.
Ellos
se unen a la lista de 183 categorías de trabajos ya permitidos, de
electricista a soldador, barbero y payaso de fiesta, desmochador de
palmas, entrenador de animales, conductor de mulas y operador de coches
de paseo para niños tirados por ponis o chivos. No se mencionan coches
tirados por caballos de alzada normal.
Todavía no se permite
trabajar por su cuenta a médicos, abogados, periodistas, fabricantes de
casi todo tipo de artículos, importadores o exportadores o destiladores
de bebidas alcohólicas, entre muchos otros.
El Granma reportó
que el aumento en categorías de trabajo privado —el gobierno las llama
“el sector no estatal”— fue parte de la campaña de Castro para generar
nuevos empleos al mismo tiempo que recorta las nóminas y subsidios
estatales debido a que la economía de la isla está paralizada.
“El
fin de estos ajustes es continuar desarrollando las actividades no
estatales, buscar un clima de confianza y legalidad en el ejercicio de
esta forma de gestión nacida para generar empleos, elevar la oferta de
bienes y servicios a la población, y permitir que el Estado se concentre
en actividades trascendentes para el desarrollo económico”, señaló el
periódico.
Cuba cuenta ahora con unas 436,000 personas con
licencia para llevar a cabo actividades por cuenta propia —la mayoría de
ellas involucradas en la preparación de comidas o su venta en quioscos
callejeros o restaurantes privados conocidos como “paladares”— en
comparación con menos de 170,000 cuando Raúl Castro asumió la
presidencia hace cinco años.
Decenas de miles de otras personas,
incluyendo agentes de bienes raíces, trabajaban legalmente, aunque la
compra y venta casi sin restricciones de viviendas se legalizó por
primera vez en el 2011. Algunas eran toleradas, mientras que otras se
quejaron de tener que pagar sobornos a la policía y los inspectores del
gobierno.
Entretanto, nuevas regulaciones publicadas el jueves en
la Gaceta Oficial endurecieron las restricciones a las actividades de
venta al por menor para reprimir a los que venden bienes traídos por
cubanos que viajan al extranjero o que compran los artículos en tiendas
estatales.
Cubanos con licencias de sastres o modistas han estado
estableciendo tiendas de ropa, por ejemplo, y otros que trabajan como
vendedores de productos para el hogar han sacado ganancias al revender
artículos comprados en tiendas estatales, generalmente a precios
subsidiados.
Las nuevas regulaciones señalan ahora específicamente
que sastres y modistas no pueden vender ropa que haya sido fabricada o
importada, y los vendedores de artículos para el hogar no pueden sacar
ganancias a la reventa de artículos comprados en tiendas estatales.
Granma mencionó
que el asesor del Ministerio del Trabajo, José Barreiro, había dicho
que las nuevas restricciones están diseñadas para evitar algunas de las
“deformaciones” que se han desarrollado en la periferia de algunas de
las actividades privadas permitidas.
“El asunto de los productos
comprados en las tiendas para luego revenderlos ha generado constantes
opiniones entre la población que se queja del desabastecimiento y los
altos precios impuestos por los acaparadores”, dijo Barreiro
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