Mientras se acerca la ejecución, fijada para el miércoles, del hombre de South Miami-Dade que mató a Jimmy Ryce, de 9 años, los abogados del condenado a muerte, Juan Carlos Chávez, urgieron al Tribunal Supremo de EEUU a que la detenga.

Luego que la petición de Chávez al Tribunal Supremo de la Florida fuera rechazada a fines de enero, sus abogados están de nuevo tratando de posponer su muerte por el coctel de inyección letal del estado. Como otras veces anteriores, los abogados Robert y Andrea Norgard alegaron, en una petición presentada el jueves, que el método de ejecución viola la Constitución de Estados Unidos porque representa un “castigo cruel e inusual”.

No se pudo localizar a sus abogados para que declararan al respecto. El principal fiscal de Miami-Dade que consiguió la convicción de Chávez por el asesinato del niño en 1995 dijo que “siempre existe una posibilidad de 50-50” de que el asesino pueda conseguir una suspensión de último minuto.


“Hay un número muy pequeño de condenados a muerte cuyas ejecuciones hayan sido hechas la primera vez sin que se hagan reclamaciones”, dijo el viernes el abogado de Miami, Michael Band. “Para la familia Ryce, esto representa un castigo cruel e inusual. Ellos no verán cerrarse este asunto hasta que finalmente se lleve a acabo la ejecución”.

Chávez, de 46 años, comenzó su apelación de último recurso luego que el gobernador Rick Scott firmara, a principios de enero, su condena a muerte por un asesinato que sacudió al sur de la Florida. En su juicio de 1998, Chávez fue hallado culpable de secuestrar al niño a punto de pistola cuando se bajó de un ómnibus escolar cerca de su vivienda en Redland, y luego violarlo y matarlo a tiros antes de descuartizar su cadáver; y enterrar las partes en cemento en tiestos plásticos en una finca de caballos.

A mediados de enero, el juez de circuito Marc Schumacher, quien presidió su juicio y lo condenó a muerte, rechazó la última apelación de Chávez.

Poco después el tribunal supremo estatal denegó la petición de Chávez de suspender su ejecución en lo que él apela a los tribunales federales. El tiene una apelación pendiente en el tribunal federal en Jacksonville, además de su apelación más importante al Tribunal Supremo de EEUU.

El argumento central de Chávez es que el método estatal de ejecución por inyección letal es inconstitucional. Sus abogados están tratando de detener la ejecución expresando preocupaciones sobre el uso por parte de la Florida de un sedante llamado hidrocloruro de midazolam, el cual fue adoptado en septiembre. El sedante, el primero de tres fármacos usados en el proceso de la inyección letal, puede constituir un “castigo cruel e inusual” porque, según ellos, no impide que los presos sientan dolor al ser ejecutados.

En su apelación federal, los abogados de Chávez se basan en el testimonio de experto del anestesiólogo de la Universidad de Miami, David Lubarsky. El afirma que el protocolo del estado para asegurarse que los presos estén inconscientes, tienen problemas. Dice además que el estado no espera suficiente entre inyecciones para que el anestésico haga efecto.

Lubarsky fue usado también como experto recientemente en la apelación de otro condenado a muerte que esperaba ejecución para el 26 de febrero. El jueves, el Tribunal Supremo de la Florida ordenó una audiencia de tribunal de circuito para evaluar la apelación de Paul Augustus Howell, quien fuera juzgado y convicto por el asesinato en 1992 de un patrullero de carreteras en el condado Jefferson.
En la apelación de Howell, el médico de UM dijo en un affidavit que “Midazolam no es apropiado clínicamente para ser usado como anestésico total.

 Carece de propiedades analgésicas — de alivio del dolor — y, sin medicamentos de alivio del dolor no es apropiado por sí solo como anestésico”.
Lubarsky contradijo una alegación anterior de un experto a nombre de la fiscalía federal en otra apelación de un condenado a muerte.

Pero en diciembre, el Tribunal Supremo de la Florida falló en la apelación del asesino de Miami, Thomas Knight, que él no había probado que la droga “presentaba un riesgo serio de sufrimiento innecesario”. Knight, luego de casi cuatro décadas de espera por su condena a muerte por los asesinatos de una pareja de Miami y un carcelero, fue ejecutado en enero.

Y, en la apelación subsiguiente de Chávez, el tribunal estatal dijo que él no había presentado evidencia alguna o testigo alguno que pudiera refutar el fallo tomado en el caso de Knight. Chávez no usó al médico de UM como testigo en su apelación estatal.

Los magistrados concluyeron que Chávez alegaba “cuestionamientos muy generales al protocolo de inyección letal” y que “sus alegaciones no eran más que especulaciones”.

El uso de fármacos letales para ejecutar condenados a muerte ha suscitado debates en todo el país.
En enero, un hombre de Ohio convicto de la violación y el asesinato de una mujer embarazada en 1989, fue ejecutado con un nuevo coctel de fármacos, el cual incluía el sedante midazolam. Su muerte tomó un tiempo inusualmente prolongado, lo cual provocó cuestionamientos sobre la efectividad del anestésico.