Ginebra, Suiza.- El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió este viernes un informe con recomendaciones dirigidas al gobierno de República Dominicana en materia de derechos humanos, al tiempo que saludó los avances en esta materia.
Entre ellas están mejorar el uso de la fuerza por parte de la Policía, las ejecuciones extrajudiciales, los procesos disciplinarios contra agentes, la reducción de la mortalidad materno-infantil y los embarazos en adolescentes.

República Dominicana fue uno de los países que rindió ante este organismo, con sede en Ginebra y como parte de los trabajos de su 18ª sesión, un informe sobre las medidas que ha adoptado en esa materia desde 2009.


El Gobierno dominicano explicó algunas de las medidas que ha impulsado en cuatro años para garantizar los derechos de los niños, mujeres, personas con discapacidad, migrantes y minorías.
El organismo internacional emitió su decisión sin ninguna observación de los Estados miembros. El documento fue presentado por el Representante Permanente de Perú, en nombre de la troika compuesta además por Gabón y la India.

La delegación estuvo encabezada por la vicecanciller Alejandra Liriano y la jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajadora Rhadys Abreu de Polanco.

Comunidad internacional valora 4% en Educación y Quisqueya Aprende Contigo
Durante la jornada, la comunidad internacional valoró los avances y mejoras de Dominicana en la reducción de tasa de feminicidios; los planes del gobierno para implementar el 4% del PIB en educación y la construcción de miles de aulas, el plan nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”.

También, la gestión del nuevo modelo penitenciario, la creación de la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de personas y la creación de una oficina de derechos humanos en la procuraduría general de la República, entre otras.

Liriano agradeció a los Estados sus recomendaciones y a la troika. El mismo deberá ahora ser estudiado por el Gobierno dominicano, el cual tiene un plazo de 4 años para presentar los avances en la adopción de dichas recomendaciones.