Ankara.– Las autoridades turcas han impuesto que sólo los funcionarios con un permiso expreso de sus superiores puedan viajar al extranjero, dentro de la operaciónpara localizar a partidarios del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el Gobierno acusa de impulsar el fallido golpe de Estado del día 15.

La emisora turca NTV informó de que esta nueva orden ha sido comunicada a todos los organismos públicos y que, en la práctica, se han impedido las salidas al extranjero de los empleados públicos.
Los medios turcos ya habían informado previamente de estrictos controles en los aeropuertos del país, que afectan especialmente a quienes poseen los llamados pasaportes verdes y grises, un tipo de documentación que reciben los funcionarios de los niveles más altos de la Administración para viajar a muchos países sin visados.

Varios afectados por esos controles declararon a la emisora CNNTürk que están siendo enviados para gestiones de una oficina a otra en el aeropuerto y que muchos pasajeros están perdiendo sus vuelos.
También el diario Hürriyet aseguró que los funcionarios que ostentan esos pasaportes están siendo sometidos a largos procesos de inspección.

Además, la Oficina de Hospitales Públicos ha anunciado en un comunicado que quedan suspendidos todos los permisos y vacaciones de sus trabajadores debido a “la difícil situación en Turquía”.
La cúpula del poder ha insistido en que tras la asonada está Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado desde años en Estados Unidos y que cuenta con muchos seguidores en la Policía y la judicatura turca y distintas instancias de la Administración. Aliado durante años del presidente Recep Tayyip Erdogan y del partido del Gobierno, el islamista AKP, desde hace tiempo el Gobierno acusa a Gülen de tratar de crear un Estado paralelo para desestabilizar el país.

De hecho, la Fiscalía califica la red gülenista de “organización terrorista de Fethullah Gülen (FETÖ)”, pese a que no se conoce ningún mensaje del predicador a favor de la violencia o el uso de armas.

Tras el fracaso del golpe, el Gobierno ha iniciado una purga en la Administración pública, con miles de detenciones y suspensiones de jueces, policías, militares y funcionarios en general. Sólo del Ministerio del Interior han sido expulsados 8.777 empleados, sobre todo policías y gendarmes, mientras que de los demás ministerios fueron suspendidos unos 1.500 funcionarios