POR N. Campos/a. De La Rosa/ T. Molina


El anuncio de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que enviará una misión a República Dominicana para estar atentos a las repatriaciones de haitianos, provocó ayer reacciones de diversos sectores que defienden el derecho del país de implementar acciones de carácter migratorio.


El Gobierno a través del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, afirmó ayer que la República Dominicana está abierta a la visita de cualquier organismo extranjero que quiera conocer la realidad de la política migratoria del país porque no hay nada que ocultar.

Aunque rehusó hablar del anuncio de la OEA de que una misión vendría al país para investigar las deportaciones de haitianos, manifestó que aquí no se le cierra la puerta a nadie.

“Aquí no hay impedimento para ningún organismo internacional, ni para ninguna organización internacional que quiera venir al país, no hay ningún tipo de impedimento”, sostuvo Fadul.

Entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario insistió en que el país actúa bajo las reglas existentes y que garantizan la soberanía, siempre respetando los derechos humanos. Informó que la Dirección General de Migración ya entregó 250 carnets y sigue emitiendo este documento a los cañeros , y que a partir de hoy o mañana, Interior y Policía también va a comenzar a entregar carnets, y en 15 o 20 días comenzarán a etiquetar los pasaportes para entregarlos a los que calificaron para la Ley de naturalización.

¡Sin presiones!
Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que el país no puede aceptar presiones de ningún organismo internacional y, por el contrario, debe seguir cumpliendo con las leyes migratorias aplicadas, protegiendo los derechos humanos.

“Ninguna sociedad en ningún país puede vivir con inmigrantes irregulares, las inmigraciones irregulares no son buenas ni para el inmigrante ni para el país, pues no hay ningún control para ello”, dijo.

A su juicio, toda sociedad tiene el derecho a controlar las migraciones ilegales y regularizar los estatus de los extranjeros, sin importar su nacionalidad.