Por: Naitsirc Uerba/Especial

La existencia de un “hoyo fiscal”, ascendiente a los 187 mil millones de pesos, necesita del sacrificio de todos los sectores dominicanos para que sea tapado; pero, quienes deben aportar más son los poderosos empresarios, que se han pasado toda la vida llenándose los bolsillos a costillas del pueblo y sin pagar los gravámenes requeridos.

Con el proyecto inicial, el Gobierno de Danilo Medina pretendía obtener unos 53.000 millones de pesos (US$1.358 millones), en los próximos tres años; sin embargo, la iniciativa entregada finalmente al Senado de la República fue modificada y reduce el monto a 1.179 millones de dólares.

La reducción es el resultado de cambios solicitados, ya sea por buena vía o a base de presiones, por los sectores de cigarrillos, bebidas gaseosas y alcohólicas, los cuales en el plan original veían elevar el impuesto del 7% al 15 por ciento. La oposición dominicana entiende que la reforma fiscal aumentaría en más de un 40% la canasta familiar y que serán mayormente afectados los pobres; mientras que organizaciones empresariales se reúnen con la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto para que la acomoden a su conveniencia.

Las autoridades están asumiendo el plan de austeridad con seriedad. El Gobierno se ha propuesto un ahorro mensual de aproximadamente RD$1,400 millones en lo que resta de 2012, poco más de RD$6,450 millones, con medidas que incluyen recortes en la inversión pública, control en el gastos de nóminas, compra de combustibles y material gastable, así como en viáticos y otras variables. La reforma fiscal es necesaria, según entendidos, aunque existe la duda de que sea “oportuna e ineludible”, como plantea al presidente Medina, esto último si el Poder Ejecutivo no enfrenta a los empresarios y le exige que paguen los impuestos generados por sus ganancias.

Pero no están pensando así: los empresarios, los ricos, quienes más pueden, y los responsables del déficit, quieren seguir sirviéndose con “la cuchara grande”. Rechazan la eliminación de las exenciones o incentivos que reciben sus negocios alegando que esto les restaría competitividad; sin embargo, no piensan en que la población debe estar por encima de todo y su obligación es ayudar al Ejecutivo a subsanar la situación financiera nacional.