POR Federico Méndez
SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, plantea que la legislación dominicana no prohíbe que una fundación, como la Global Democracia y Desarrollo, reciba fondos de empresas particulares.

"Si el cuestionamiento se hace desde el marco ético y moral, como bien sabe el querellante, por su condición de jurista, ésa no es materia que pueda decidir un fiscal en ocasión de una investigación o proceso penal".

El criterio de la Fiscal está contenido en el auto de archivo definitivo de la querella interpuesta el 24 de enero por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, en contra de Fernández. Con respecto a la acusación de concusión, plantea que la calidad del autor debe ser funcionario público y Fernández, en calidad de querellado no lo es. Asimismo, que no encaja en lo que define el legislador como concusión, ya que Fernández no recibió sumas que excedan tasa legal, ni realizó ninguna de las acciones que debería par que el tipo penal cuya violación se alega se concrete.


"En la querella se hace evidente que se trata de forzar acciones que tipifiquen delitos que no existen en la legislación dominicana, pero el legislador, la doctrina y la jurisprudencia rechazan de forma absoluta y sin controversia alguna esta práctica que, de aceptarla sería inconstitucional y violatoria de los derechos fundamentales de cada ciudadano sometido a un proceso penal".

Reynoso sostiene que no existe en RD un marco legal que tipifique y sancione las donaciones recibidas por funcionarios públicos.
No obstante, entiende que la Fiscalía es de criterio que esto constituye un vacío normativo, y que es indispensable que el legislador pueda reglar y obligar a transparentar cualquier donación que reciba un funcionario público.

"Países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, que tienen más avance jurídico que República Dominicana, y que han reconocido que a través de "donaciones" se cometen verdaderos actos de corrupción, han tomado medidas al respecto".

Cree que dejar "donaciones" abiertas y que quede la decisión de recibirla o no, se presta a que el funcionario deba agradecimientos impropios.