En su edición del pasado 19 de junio, The New York Times informaba que los temores y vaticinios acerca de una deportación masiva  de migrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana, se  habían disipado, luego de la culminación del plazo para su regularización.
 
Pero con anterioridad no había sido así. En los días previos a la culminación de ese  plazo, diversas organizaciones internacionales, personalidades y medios de comunicación, habían contribuido con presentar a la población dominicana  como racista, xenófoba y discriminatoria.

El Washington Post, por ejemplo,  se refirió a los orígenes sangrientos de la ®limpieza étnica® que se estaría llevando a cabo en la República Dominicana. Esos orígenes se encontrarían, presuntamente, en la matanza ordenada por Trujillo en el 1937, perdiéndose la perspectiva de que la dictadura trujillista no puede ser confundida con el pueblo dominicano, y que éste no sólo asesinaba   haitianos, sino también dominicanos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se trasladó a Washington Heights, el corazón mismo de donde vive la mayoría de los dominicanos en esa gran urbe, para desde allí sostener que las acciones del gobierno dominicano con respecto a la migracion haitiana eran ilegales, inmorales y racistas.

En sus propias palabras, pronunciadas estratégicamente frente al Memorial y Centro Educativo Malcom X y Dra. Betty Shabazz, dos símbolos estadounidenses de la lucha contra el racismo, manifestó que ®eso está sucediendo porque esas personas son de raza negra.®

En España, el periódico El País sostuvo que ®si no fuera por su dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista.® De igual forma, otras publicaciones nos tildaban de promover el genocidio civil, la discriminación racial,  la desnacionalización masiva y la negrofobia.  
   
No nos faltaban epítetos. Sin embargo, lo cierto es que ese discurso fue construido sobre la base de mitos y confusiones que surgieron a partir de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional;  y de la Ley 169-14, sobre Regularización de Extranjeros.