SANTO DOMINGO. Identificar las acciones que caracterizaron al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina que permanecen en la sociedad dominicana actual, a 55 años de su ajusticiamiento, puede ser un tarea compleja para algunos historiadores.

A lo largo de los años, el país logró romper con el esquema implantado por el régimen, y pasó a un modo de gobernanza basado en la democracia, pero algunas estructuras que soportan al Estado todavía mantienen los modelos implementados a base del autoritarismo de la Era (1930-1961).
A priori, se pueden mencionar, el Concordato firmado con la iglesia católica, edificaciones emblemáticas, como el mismo Palacio Nacional; parte del cuerpo legislativo nacional y la creación del Banco de Reservas y el Banco Agrícola.

La modificación constante de la Constitución Dominicana (el tirano la cambió en unas siete ocasiones).
Pero también hay otras prácticas subyacentes que dejan ver la herencia trujillista.

Los historiadores Roberto Cassá y Juan Daniel Balcácer señalan algunos aspectos, pero con la salvedad de que, aunque se mantengan algunas prácticas, no implica, en lo absoluto, que se pueda hablar que dictadura en los tiempos actuales, además de enfatizar en el necesario contexto de los hechos.

“Este es un asunto amplio y difuso, pues Trujillo no sólo estuvo 30 años en el poder, sino que completó la modernización del Estado. Concretó un Estado plenamente moderno, centralizado, capaz de ejecutar políticas públicas en beneficio de una orientación determinada y, específicamente, de la formación de capitales”, señala Cassá.

“Las relaciones entre el empresariado y los grupos políticos; el papel de las Fuerzas Armadas; la visión desarrollista del Estado a través de inversiones de capital, mayormente en la construcción; el uso del Estado con fines de acumulación de capital; la corrupción, el papel estratégico de la corrupción en la reproducción del dominio social y político”. Todas esas manifestaciones la señala Cassá como aquellas que de alguna forma u otra se reproducen hoy día y que fueron, sobre todo, características del gobierno de 12 años (1966-1978) de Joaquín Balaguer.

“Pero él (Balaguer) aclaró que era un continuista de las políticas de Trujillo”, comenta. Cassá recuerda que la imposición de líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se basó en el convencimiento de que representaba la estabilidad a través de la continuidad del trujillismo, aunque con algunos esquemas nuevos, pues sabía que la sociedad de ese momento demandaba de ciertas libertades públicas.

Juan Daniel Balcácer agrega algunas manifestaciones de autoritarismo. “Todavía predominan algunos caciques y jefezuelos políticos que se resisten a aceptar las reglas del sistema democrático, y pretenden imponer su voluntad contra viento y marea en las diferentes comunidades a las que pertenecen”.

Pone como ejemplo las pasadas elecciones del 15 de mayo, en las que, a su juicio, dirigentes políticos y aspirantes a cargos públicos han dado demostraciones inequívocas de desconocer la Constitución y las leyes, pretendiendo imponer su voluntad y criterios de acuerdo con sus intereses particulares.

“Tras 30 años de vivir en una sociedad cerrada, caracterizada por una cruel dictadura y por un exacerbado autoritarismo que se inoculó de manera negativa en la subconsciencia colectiva del pueblo dominicano, era lógico que las generaciones posteriores a 1961 heredaran parte de la cultura autoritaria del esquema dictatorial trujillista, lo mismo en el plano social que en el político”, agrega Balcácer.

Cassá abunda en que, aunque el Trujillato cayó de manera violenta, y no hubo ningún tipo de continuidades inmediatas, el personal humano y la cultura con que contó el Estado eran los mismos.